Llamado a la Civilidad

Angustiado escribo el primer día del mes de la alegría, pero imposible sustraerme de hacerlo ante los trances impulsivos y disturbios generados en las jornadas de paro, marchas, manifestaciones, protestas estudiantiles, besotones, caceroladas, plantones, etc., etc. ¡La realidad es que las cosas no van bien!

Por eso, alzo mi voz y empuño la pluma con todas mis fuerzas de luchador democrático para clamar desde esta columna al Señor Presidente Duque para que escuche la voz del pueblo y, para que, decrete un tratamiento distinto a la fuerza. Llamo también, la atención a mis leyentes para que construyamos conversaciones que contribuyan a restablecer el sosiego en la ciudad y el país.  Entendiendo que un país democrático como el nuestro, debe tener una institucionalidad avanzada y fuerte, cuanto más eficientes sean las leyes que se aplican, y cuanto menos los ciudadanos se desvíen de ellas.

En la línea de pedir, se reclama al gobierno nacional para que el presupuesto alcabalero “esculpido en mármol”, se distribuya en partidas suficientes, apropiándolas a las tantas necesidades y a la serie de problemas incubados durante varios años. Coincidimos y apoyamos plenamente la decisión de manifestarse, siempre y cuando, sea pacíficamente, como un ejercicio de verdadera acción cívica para expresar de forma pública la inconformidad. Existe insatisfacción porque Colombia cada vez retrocede a la época medieval, con su modelo económico afianzado sobre los pilares de la alcabala y la represión por las armas. ¡Vaya! decadencia ideológica, atropellar con impuestos a la ciudadanía.

Pero, Popayán no puede tornarse en campo de batalla, cuando ni siquiera se han cerrado los caminos de diálogo, y se mantienen las libertades y garantías para ejercer los derechos de movilización, aunque la resolución del conflicto esté en la capital de la república. El papel de la desobediencia asumido por los protestantes, quebranta la libre circulación, mal interpreta la teoría constitucional del artículo 24; vulnera el derecho a vivir en condiciones de paz y tranquilidad (art.86). Además, destruyen o menoscaban los bienes de propiedad ajena, sea pública o privada, conllevando a acciones delictivas que no se pueden tolerar.

Si los estudiantes querían llamar la atención del gobierno nacional, ya lo hicieron permitiendo el uso de capuchas o pasamontañas, siempre ligadas a la violencia. Me niego a creer que desde nuestra Alma Mater, acreditados docentes inciten a los universitarios; como tampoco se puede entender que entre los “infiltrados” estén metidos agentes de la fuerza pública.  Repudiamos los hechos vandálicos contra la amada “Ciudad Blanca” que recibe y atiende maternalmente a los universitarios. Tensos momentos vivió Popayán, tras el operativo de desalojo de una vía del centro histórico de la ciudad. Vandálicos, expresión precisa para catalogar a quienes rompen vidrios, pintan, rayan las paredes y arrojan bombas incendiarias contra el palacio municipal. Lanzar papas bombas, es un atentado criminal, contra los hombres del Esmad, que son un recurso extremo establecido constitucionalmente. En principio, las autoridades no deben acudir a este tipo de mecanismos para disolver cualquier protesta. Por lo que deben ser ajustados los protocolos del Esmad para desarticular a los violentos. Pero, claro, hay límites. Si son atacados, provoca reacciones de ese escuadrón que cumple el deber de ponerle el pecho no solo a las protestas, sino también a los desórdenes de cualquier índole. Entre tanto, la ciudadanía se conmueve porque estudiantes y policías son un mismo pueblo, por lo que no deben tratarse entre sí, como enemigos.

Entonces, es preciso reconstruir el diálogo nacional para construir y no destruir, con argumentos económicos y sociales confrontados con la realidad financiera del país. Con cifras y soportes en un análisis crítico para reexaminar las políticas del gobierno formulando acuerdos. Si bien es cierto, el paro es masivo y dilatado, constituye un duro revés para el gobierno, pero no compartimos la idea de los radicales que piensan que lo termine tumbando. No creo, porque, no hay sede vacante, lo que existe es sed de vacante y porque las centrales obreras son históricamente democráticas que buscan interlocución con el gobierno para negociar soluciones en sostenido dialogo conciliador y proactivo. Además, porque el civilismo y profesionalismo de las Fuerzas Armadas son pilares sobre los cuales reposa la democracia en Colombia.  

Civilidad: La muerte de cualquier colombiano, estudiante o policía, es un hecho que asombra a la ciudadanía y oscurece la protesta social.