Las cabañuelas de marzo

 

Las cabañuelas, son fruto de la sabiduría campesina constituyendo un método tradicional para pronosticar el comportamiento del clima. Hoy hago un símil con las “cabañuelas políticas” para intentar anticipar lo que vendrá en medio de la resaca poselectoral.

El Cauca votó. Y en muchos casos, lo hizo desde el enojo, el malestar o el miedo. Más de 450.914 votos para Cámara los caucanos acudieron a las urnas; sin embargo, de nuevo, la abstención de más del 50% terminó siendo la gran vencedora, castigando por igual a todos los partidos políticos. La lista de derrotados así lo demuestra. Incluso quienes lograron resistir el descalabro lo hicieron con evidentes señales de debilitamiento.

El ciclón electoral del pasado 8 de marzo dejó a la democracia caucana algo más magullada. Hoy el departamento muestra un descenso en su desempeño político y representativo, superando con creces a los pocos avances alcanzados. Según los resultados, el Cauca queda en una situación más precaria que antes: apenas contará con un senador, Ferney Silva del Pacto Histórico que superó las expectativas y resultó como la fuerza política ganadora de las elecciones en el Cauca.

La nueva etapa congresional se sostiene en apenas cuatro apoyos parlamentarios, históricamente débiles. Se trata de Jorge Hernán Bastidas, Luz Miryan Moncayo, Edgar Gómez y Víctor Armero, legisladores con limitada capacidad de influencia nacional, escaso margen de fiscalización y, en muchos casos, sujetos a una fuerte disciplina partidaria, al Ejecutivo o a distintos grupos de interés. Todo ello genera desequilibrios democráticos, fragilidad en las coaliciones y un control insuficiente sobre la gestión gubernamental, debilitando la función representativa y de contrapeso que debe ejercer el Congreso.

Así que, la nueva composición del Legislativo arranca con más preguntas que respuestas. Con los escrutinios electorales en la mano, ahora corresponde observar qué políticas se impulsarán, qué impacto tendrán las agendas de quienes resultaron vencedores y hasta dónde llegará la imprevisibilidad del actual gobierno. Sobre todo, si realmente estamos ante un nuevo liderazgo de cambio o simplemente frente a una nueva temporada de aspavientos y fuegos de artificio políticos.

Bien sabido es que, en toda democracia existe una necesaria supervisión mutua entre los poderes públicos. El control sobre el gobierno es fundamentalmente político: el Ejecutivo debe mantener la confianza del Congreso tanto en su orientación política como en su gestión concreta. Cuando esa confianza se pierde, el Legislativo dispone de mecanismos como la moción de censura para exigir responsabilidades. Además, el control parlamentario también se ejerce mediante interpelaciones, debates, solicitudes de información, citaciones a ministros, etc., así como a través del debate público amplificado por medios de comunicación.

Teniendo en cuenta que, Colombia tiene una cultura política demasiado débil con una larga tradición presidencialista y, que, además, es una nación aún en desarrollo institucional, surge una pregunta: ¿sería factible —y saludable— considerar un sistema de gobierno distinto, como el parlamentarismo o el semi presidencialismo?

Hoy cobra relevancia el sistema presidencialista. Con base histórica se ha demostrado una conflictividad entre presidentes y vicepresidentes. La figura de vicemandatario, designado o vicepresidente, en medio de su melancólico aburrimiento, ha deambulado como alma en pena por la Casa de Nariño, recibiendo el mismo sueldo, pero sin oficio alguno. En tal condición, la compañía de fórmula, ha sido incómoda y ha generado momentos conflictivos. Siendo un cargo de suma importancia porque nadie tiene la vida comprada. En el entendido de que, el vicegobernante debe tener las mismas calidades del presidente, pues, en caso de falta absoluta del titular, es el encargado de ejercer con idoneidad el poder.

Lo único positivo de las crisis políticas, es que obligan a revisar las fallas del diseño institucional. En tiempos de normalidad, rara vez existe el interés de cuestionar las debilidades del sistema. El presidencialismo, por ejemplo, concentra un enorme poder en el jefe del Estado, quien al mismo tiempo es jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Acumulación de funciones que suele inclinar la balanza en favor del Ejecutivo, debilitando el equilibrio entre los poderes públicos, afectando el sistema de frenos y contrapesos que sostiene a toda democracia.

Así las cosas, el nuevo Congreso colombiano para el período 2026–2030, su escenario será de fuerte polarización. Tanto el Pacto Histórico, en la izquierda, como el Centro Democrático, en la derecha, se fortalecieron, pero ninguno alcanzará mayorías absolutas. El equilibrio de poder dependerá entonces de los partidos tradicionales y de las fuerzas menores, que serán decisivos para aprobar o bloquear las reformas.

Ahora, en este capítulo político, la figura vicepresidencial como método sucesoral al poder ejecutivo, empieza a mostrar con mayor claridad sus contornos, sus fracturas y sus apuestas de fondo. Y, como en las viejas cabañuelas de nuestros campesinos, los primeros días del año político suelen anticipar —aunque nunca con certeza absoluta— el clima que nos espera en los meses por venir.

Civilidad: Las cartas están echadas, ahora el horizonte se centra en la formación de bloques definidos que competirán por la presidencia.

¡A votar!

 

Hoy Colombia vive una nueva jornada electoral, una de esas fechas en las que la democracia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un ejercicio concreto de ciudadanía. En este escenario, dos instituciones fundamentales del sistema electoral colombiano vuelven a ponerse a prueba bajo las facultades que les confiere la Constitución Política de 1991: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El trabajo armónico, coordinado y autónomo entre estas entidades resulta clave no solo para definir el rumbo político inmediato del país, sino también para medir el nivel de madurez institucional y las tensiones sociales que atraviesan nuestra vida democrática. Juntas establecen y publican el calendario electoral, y son responsables de garantizar que el certamen transcurra bajo las reglas de juego que fortalecen la confianza ciudadana.

Mientras el Consejo Nacional Electoral ejerce funciones de vigilancia sobre los partidos políticos, las campañas y la financiación electoral, velando por el cumplimiento de la normatividad vigente; la Registraduría asume la compleja tarea operativa: organizar las elecciones, imprimir las tarjetas electorales, instalar las mesas de votación y adelantar el conteo de los votos. Dos roles distintos, pero complementarios, que convergen en un mismo propósito: asegurar elecciones transparentes y confiables.

Al cierre de esta jornada, ambas instituciones deberán responderle con franqueza a la sociedad colombiana. Deberán demostrar que sus servidores públicos, con vocación de servicio, conocimiento de la ley y compromiso con la transparencia, ofrecieron una atención oportuna y eficaz a los electores. Que la normatividad electoral no fue un obstáculo, sino una herramienta para fortalecer la democracia, garantizar la rendición de cuentas, promover la inclusión y ampliar la participación política bajo criterios de respeto a las reglas y pluralismo.

En este proceso, el Estatuto de la Oposición cobra especial relevancia, al ampliar las garantías para el ejercicio político de quienes no hacen parte del gobierno, reafirmando que la diferencia no es una amenaza, sino un valor democrático esencial. La contienda electoral, entendida desde el respeto y la diversidad, es una vía para construir cotidianamente un Estado Social de Derecho y avanzar hacia una paz sustentada en la civilidad.

En la jornada de hoy, los ciudadanos participan en consultas interpartidistas y de coaliciones para la elección de candidatos presidenciales, y eligen un nuevo Congreso de la República, órgano bicameral integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, que ejercerá sus funciones durante los próximos cuatro años. De la composición de este Congreso dependerán, en buena medida, la viabilidad de las reformas, el control político y el equilibrio de poderes que exige la democracia.

No está de más, recordar que el voto no es solo un derecho, sino también un deber ciudadano. Así lo establece la Ley 403 de 1997, al señalar que la participación electoral constituye una actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas y debe ser reconocida, facilitada y estimulada por el Estado. En fin, votar es, en esencia, un acto de civilidad. Quien ejerce su derecho al sufragio no solo defiende la democracia, sino que asume su responsabilidad frente al presente y el futuro del país. En tiempos de desconfianza y polarización, acudir a las urnas sigue siendo el gesto más claro de compromiso con la vida institucional y con la posibilidad de una sociedad más justa y participativa.

Antes de ir a votar, debemos cuestionarnos sobre las adversidades y la visión que tenemos, analizando propuestas y proyectos de cada candidato, reflexionando sobre lo que más le conviene al país para proceder a votar por quien creemos será la mejor opción.

 Civilidad: Votar, es el mejor ejercicio para promover y defender la democracia y, si elegimos con convicción tendremos paz. 

 

Otra vez, lo mismo, pero en este tiempo

 

Cada vez que se aproxima un ciclo electoral en Colombia reaparece, con renovado entusiasmo retórico, una promesa conocida repetidamente: acabar con la corrupción. Vuelve y juega la cantaleta. Casi una centena de precandidatos encaramados al bus de las aspiraciones presidenciales convencidos —o al menos así lo proclaman— de que poseen la fórmula para erradicar uno de los males más persistentes del país. Sin embargo, pasada la contienda, la experiencia nos enseña que esas consignas se disuelven con la misma rapidez con la que fueron pronunciadas. El primer síntoma de esta penosa enfermedad, es que vamos, en cual frágil navecilla entre revueltas olas y, la corrupción está enquistada en todos los niveles y ningún partido puede tirar la primera piedra.

Conviene entonces hacer una pausa de conciencia y pedagógica para mirar el problema con mayor profundidad. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de una administración o de un sector político. Es una realidad compleja, cambiante y profundamente arraigada en la vida cotidiana del país. No se limita a los grandes escándalos que copan titulares; también se expresa en prácticas pequeñas, repetidas y normalizadas, que afectan silenciosamente la confianza social y el funcionamiento del Estado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. La Contraloría General de la Nación ha advertido que la corrupción le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año. Suma que permitiría financiar reformas estructurales largamente aplazadas. No se trata, pues, de una “bicoca”, sino de un drenaje permanente de recursos que pertenecen a todos los colombianos.

Pero reducir el debate a la denuncia de funcionarios corruptos sería incompleto. Como bien lo han señalado distintos analistas, la corrupción no es solo un vicio del  político posando de impoluto con quien se va a transformar esta nación; es un reflejo de prácticas sociales toleradas y, en ocasiones, justificadas. Por ejemplo: el llamado “pago facilitador”, el atajo para agilizar un trámite, la evasión y elusión “menor” de una norma, que terminan conformando un engranaje que encarece los procesos y debilita la ética colectiva.

Colombia es, paradójicamente, un país con abundante legislación anticorrupción, pero con escasa aplicación efectiva. La consigna popular lo resume con crudeza: “norma dictada, trampa inventada”. Sin una ciudadanía comprometida y consciente, las leyes por sí solas resultan insuficientes.

Por eso, cuando se habla de barrer la corrupción “de arriba hacia abajo”, es necesario aclarar que la limpieza también debe empezar por casa. La formación en valores no es un discurso abstracto; es un proceso que inicia en la familia, se refuerza en la escuela y se consolida en la vida laboral, social y comunitaria. La honestidad se aprende, así como también se aprenden las malas prácticas cuando se normalizan.

Saltarse la fila, parquear donde no se debe, pedir que no facturen, sacar la basura fuera de horario o evadir impuestos son ejemplos cotidianos de una corrupción actitudinal que, aunque parezca menor, erosiona la civilidad y la convivencia. En democracias frágiles, estas conductas se multiplican y terminan extendiéndose a redes más grandes de ilegalidad.

De cara al nuevo debate electoral, más que preguntar quién promete castigar a los corruptos, quizá deberíamos preguntarnos quién está dispuesto a liderar un proceso serio de reconstrucción ética y cívica. Pero, combatir la corrupción no es solo una tarea del próximo gobierno: es un desafío colectivo que exige coherencia entre lo que se dice, lo que se vota y lo que se hace cada día. Solo así la corrupción galopante dejará de marcar el rumbo del país.

Pero, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, es que, hay que votar para integrar el Congreso para que haga control. Así que el Ejecutivo puede presentar reformas tributarias, pero es el Congreso el que decide. Igual ocurre cuando presenta el presupuesto nacional, también es el Congreso el que resuelve cómo se reparten esos dineros.  Recordemos que todos los temas sociales como salud, educación o seguridad ciudadana pasan por decisiones que se toman en el Congreso.

Civilidad: Atacar la corrupción, es una condición indispensable, aunque no suficiente para reducir la pobreza, liberando recursos públicos desviados para inversión social infraestructura y servicios básicos.