¡A votar!

 

Hoy Colombia vive una nueva jornada electoral, una de esas fechas en las que la democracia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un ejercicio concreto de ciudadanía. En este escenario, dos instituciones fundamentales del sistema electoral colombiano vuelven a ponerse a prueba bajo las facultades que les confiere la Constitución Política de 1991: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El trabajo armónico, coordinado y autónomo entre estas entidades resulta clave no solo para definir el rumbo político inmediato del país, sino también para medir el nivel de madurez institucional y las tensiones sociales que atraviesan nuestra vida democrática. Juntas establecen y publican el calendario electoral, y son responsables de garantizar que el certamen transcurra bajo las reglas de juego que fortalecen la confianza ciudadana.

Mientras el Consejo Nacional Electoral ejerce funciones de vigilancia sobre los partidos políticos, las campañas y la financiación electoral, velando por el cumplimiento de la normatividad vigente; la Registraduría asume la compleja tarea operativa: organizar las elecciones, imprimir las tarjetas electorales, instalar las mesas de votación y adelantar el conteo de los votos. Dos roles distintos, pero complementarios, que convergen en un mismo propósito: asegurar elecciones transparentes y confiables.

Al cierre de esta jornada, ambas instituciones deberán responderle con franqueza a la sociedad colombiana. Deberán demostrar que sus servidores públicos, con vocación de servicio, conocimiento de la ley y compromiso con la transparencia, ofrecieron una atención oportuna y eficaz a los electores. Que la normatividad electoral no fue un obstáculo, sino una herramienta para fortalecer la democracia, garantizar la rendición de cuentas, promover la inclusión y ampliar la participación política bajo criterios de respeto a las reglas y pluralismo.

En este proceso, el Estatuto de la Oposición cobra especial relevancia, al ampliar las garantías para el ejercicio político de quienes no hacen parte del gobierno, reafirmando que la diferencia no es una amenaza, sino un valor democrático esencial. La contienda electoral, entendida desde el respeto y la diversidad, es una vía para construir cotidianamente un Estado Social de Derecho y avanzar hacia una paz sustentada en la civilidad.

En la jornada de hoy, los ciudadanos participan en consultas interpartidistas y de coaliciones para la elección de candidatos presidenciales, y eligen un nuevo Congreso de la República, órgano bicameral integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, que ejercerá sus funciones durante los próximos cuatro años. De la composición de este Congreso dependerán, en buena medida, la viabilidad de las reformas, el control político y el equilibrio de poderes que exige la democracia.

No está de más, recordar que el voto no es solo un derecho, sino también un deber ciudadano. Así lo establece la Ley 403 de 1997, al señalar que la participación electoral constituye una actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas y debe ser reconocida, facilitada y estimulada por el Estado. En fin, votar es, en esencia, un acto de civilidad. Quien ejerce su derecho al sufragio no solo defiende la democracia, sino que asume su responsabilidad frente al presente y el futuro del país. En tiempos de desconfianza y polarización, acudir a las urnas sigue siendo el gesto más claro de compromiso con la vida institucional y con la posibilidad de una sociedad más justa y participativa.

Antes de ir a votar, debemos cuestionarnos sobre las adversidades y la visión que tenemos, analizando propuestas y proyectos de cada candidato, reflexionando sobre lo que más le conviene al país para proceder a votar por quien creemos será la mejor opción.

 Civilidad: Votar, es el mejor ejercicio para promover y defender la democracia y, si elegimos con convicción tendremos paz. 

 

Otra vez, lo mismo, pero en este tiempo

 

Cada vez que se aproxima un ciclo electoral en Colombia reaparece, con renovado entusiasmo retórico, una promesa conocida repetidamente: acabar con la corrupción. Vuelve y juega la cantaleta. Casi una centena de precandidatos encaramados al bus de las aspiraciones presidenciales convencidos —o al menos así lo proclaman— de que poseen la fórmula para erradicar uno de los males más persistentes del país. Sin embargo, pasada la contienda, la experiencia nos enseña que esas consignas se disuelven con la misma rapidez con la que fueron pronunciadas. El primer síntoma de esta penosa enfermedad, es que vamos, en cual frágil navecilla entre revueltas olas y, la corrupción está enquistada en todos los niveles y ningún partido puede tirar la primera piedra.

Conviene entonces hacer una pausa de conciencia y pedagógica para mirar el problema con mayor profundidad. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de una administración o de un sector político. Es una realidad compleja, cambiante y profundamente arraigada en la vida cotidiana del país. No se limita a los grandes escándalos que copan titulares; también se expresa en prácticas pequeñas, repetidas y normalizadas, que afectan silenciosamente la confianza social y el funcionamiento del Estado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. La Contraloría General de la Nación ha advertido que la corrupción le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año. Suma que permitiría financiar reformas estructurales largamente aplazadas. No se trata, pues, de una “bicoca”, sino de un drenaje permanente de recursos que pertenecen a todos los colombianos.

Pero reducir el debate a la denuncia de funcionarios corruptos sería incompleto. Como bien lo han señalado distintos analistas, la corrupción no es solo un vicio del  político posando de impoluto con quien se va a transformar esta nación; es un reflejo de prácticas sociales toleradas y, en ocasiones, justificadas. Por ejemplo: el llamado “pago facilitador”, el atajo para agilizar un trámite, la evasión y elusión “menor” de una norma, que terminan conformando un engranaje que encarece los procesos y debilita la ética colectiva.

Colombia es, paradójicamente, un país con abundante legislación anticorrupción, pero con escasa aplicación efectiva. La consigna popular lo resume con crudeza: “norma dictada, trampa inventada”. Sin una ciudadanía comprometida y consciente, las leyes por sí solas resultan insuficientes.

Por eso, cuando se habla de barrer la corrupción “de arriba hacia abajo”, es necesario aclarar que la limpieza también debe empezar por casa. La formación en valores no es un discurso abstracto; es un proceso que inicia en la familia, se refuerza en la escuela y se consolida en la vida laboral, social y comunitaria. La honestidad se aprende, así como también se aprenden las malas prácticas cuando se normalizan.

Saltarse la fila, parquear donde no se debe, pedir que no facturen, sacar la basura fuera de horario o evadir impuestos son ejemplos cotidianos de una corrupción actitudinal que, aunque parezca menor, erosiona la civilidad y la convivencia. En democracias frágiles, estas conductas se multiplican y terminan extendiéndose a redes más grandes de ilegalidad.

De cara al nuevo debate electoral, más que preguntar quién promete castigar a los corruptos, quizá deberíamos preguntarnos quién está dispuesto a liderar un proceso serio de reconstrucción ética y cívica. Pero, combatir la corrupción no es solo una tarea del próximo gobierno: es un desafío colectivo que exige coherencia entre lo que se dice, lo que se vota y lo que se hace cada día. Solo así la corrupción galopante dejará de marcar el rumbo del país.

Pero, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, es que, hay que votar para integrar el Congreso para que haga control. Así que el Ejecutivo puede presentar reformas tributarias, pero es el Congreso el que decide. Igual ocurre cuando presenta el presupuesto nacional, también es el Congreso el que resuelve cómo se reparten esos dineros.  Recordemos que todos los temas sociales como salud, educación o seguridad ciudadana pasan por decisiones que se toman en el Congreso.

Civilidad: Atacar la corrupción, es una condición indispensable, aunque no suficiente para reducir la pobreza, liberando recursos públicos desviados para inversión social infraestructura y servicios básicos.

Pisando calles ...y callos

 

Uno levanta la mirada al cielo —no por misticismo sino para esquivar un motorizado— y para agradecer el haber nacido en este terruño de amores y dolores: Popayán, ciudad bella por decreto divino y por terquedad humana. Bella, sí. Disfrutable… bueno, eso depende de la hora, del tráfico y del humor del peatón.

Tuve el privilegio de caminar por sus calles empedradas y de conocer también a su prima moderna: la aplanadora. Esa máquina de carbón que vino a decirnos que el progreso no pide permiso. Cerca del centro histórico, donde lo colonial convive con lo improvisado, se alzaba orgullosa la estación del ferrocarril, inaugurada en 1924 y despedida en 1967. El tren se fue, pero el recuerdo quedó… y también el terreno, esperando a ver qué será cuando sea grande.

Siete cuadras más abajo encontramos la plaza de toros Francisco Villamil Londoño, auténticamente española, con aforo para 6.500 personas y hoy con capacidad ilimitada para el abandono. Lleva años en proceso liquidatorio, demostrando que en Popayán hasta las ruinas saben hacer fila.

No falta quien diga —con tono visionario y ceño fruncido— que ya es hora de que Popayán deje de vivir de su historia y empiece a evolucionar. ¡Tranquilos!: sus plegarias han sido escuchadas. La ciudad cambia todos los días. Donde hubo teja, ahora hay Eternit. Donde hubo silencio, ahora hay anuncios rodantes con parlantes capaces de despertar difuntos (ironías del destino). Enantes era solo el grito de -¡mazamorra! Donde había carteles pegados con engrudo anunciando cine o funerales, hoy tenemos pendones, vallas, y publicidad política móvil que comunica de todo… menos orden.

La modernidad también trajo racimos de niños pidiendo limosna; malabares, limpia parabrisas, desplazados pidiendo ayudas y, motociclistas que consideran las esquinas como propiedad privada. También, vendedores que, junto a habitantes de calle, han decidido que el andén es una sugerencia, no una obligación. Los peatones, por supuesto, hemos evolucionado: ahora caminamos por la calle, que es más emocionante.

La autoridad tampoco se quedó atrás, jóvenes policías, expertos en esquivar el oficio mientras perfeccionan la técnica milenaria de mirar el celular con expresión profunda. Seguridad ciudadana en línea.

Cómo quisiera volver a recorrer las calles de antaño, cuando caminar por Popayán era una clase de historia y no una prueba de obstáculos. Eran tiempos, cuando no existían internet ni celulares, pero sí el tiempo para mirar fachadas y aprender sin Wi-Fi.

Esta ciudad fue pensada como lugar de descanso para viajeros rumbo a la corona española. Prosperó durante más de un siglo gracias a grandes terratenientes y manos esclavas, hasta que el 21 de mayo de 1851 la historia —y la ley— decidió liberar a todos los esclavos. Desde entonces, Popayán vive en una eterna promesa de prosperidad que se evapora con admirable puntualidad, mientras sus habitantes aprendemos el arte de ser esclavos modernos: con título universitario y salario mínimo vital móvil. Aunque en la ciudad, universidades hay por cada esquina, igual que iglesias por cada cuadra y su casco central lleno de historia patria… bueno, eso sigue en oración. Las casas ya no miran a la calle sino hacia adentro, como si a la ciudad le diera un poco de pena. Ya no somos aquel pueblo colonial de caserones con grandes aldabones y, más allá las casitas bajas y pajizas, distribuidas por la concentración de recursos en élites criollas o tradicionales a lo largo del tiempo.  Ahora somos internacionales: pizza, hot dog, sushi y lo que falta…la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) que ya no son solo palabras de moda. El celular nos acercó al mundo, aunque nos alejó del andén.

Civilidad: Popayán ha cambiado. Seguimos pisando sus calles… y, de vez en cuando, callos también.