Cada vez
que se aproxima un ciclo electoral en Colombia reaparece, con renovado
entusiasmo retórico, una promesa conocida repetidamente: acabar con la
corrupción. Vuelve y juega la cantaleta. Casi una centena de precandidatos
encaramados al bus de las aspiraciones presidenciales convencidos —o al menos
así lo proclaman— de que poseen la fórmula para erradicar uno de los males más
persistentes del país. Sin embargo, pasada la contienda, la experiencia nos
enseña que esas consignas se disuelven con la misma rapidez con la que fueron
pronunciadas. El primer síntoma de esta penosa enfermedad, es que vamos, en
cual frágil navecilla entre revueltas olas y, la corrupción está enquistada en todos los
niveles y ningún partido puede tirar la primera piedra.
Conviene
entonces hacer una pausa de conciencia y pedagógica para mirar el problema con
mayor profundidad. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de una
administración o de un sector político. Es una realidad compleja, cambiante y
profundamente arraigada en la vida cotidiana del país. No se limita a los
grandes escándalos que copan titulares; también se expresa en prácticas
pequeñas, repetidas y normalizadas, que afectan silenciosamente la confianza
social y el funcionamiento del Estado.
Las
cifras ayudan a dimensionar el problema. La Contraloría General de la Nación ha
advertido que la corrupción le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al
año. Suma que permitiría financiar reformas estructurales largamente aplazadas.
No se trata, pues, de una “bicoca”, sino de un drenaje permanente de recursos
que pertenecen a todos los colombianos.
Pero
reducir el debate a la denuncia de funcionarios corruptos sería incompleto.
Como bien lo han señalado distintos analistas, la corrupción no es solo un
vicio del político posando de impoluto con
quien se va a transformar esta nación; es un reflejo de prácticas sociales toleradas y,
en ocasiones, justificadas. Por ejemplo: el llamado “pago facilitador”, el
atajo para agilizar un trámite, la evasión y elusión “menor” de una norma, que terminan
conformando un engranaje que encarece los procesos y debilita la ética
colectiva.
Colombia
es, paradójicamente, un país con abundante legislación anticorrupción, pero con
escasa aplicación efectiva. La consigna popular lo resume con crudeza: “norma
dictada, trampa inventada”. Sin una ciudadanía comprometida y consciente, las
leyes por sí solas resultan insuficientes.
Por eso,
cuando se habla de barrer la corrupción “de arriba hacia abajo”, es necesario
aclarar que la limpieza también debe empezar por casa. La formación en valores
no es un discurso abstracto; es un proceso que inicia en la familia, se
refuerza en la escuela y se consolida en la vida laboral, social y comunitaria.
La honestidad se aprende, así como también se aprenden las malas prácticas
cuando se normalizan.
Saltarse la fila, parquear donde no se debe, pedir que no facturen, sacar la basura fuera de horario o evadir impuestos son ejemplos cotidianos de una corrupción actitudinal que, aunque parezca menor, erosiona la civilidad y la convivencia. En democracias frágiles, estas conductas se multiplican y terminan extendiéndose a redes más grandes de ilegalidad.
De cara
al nuevo debate electoral, más que preguntar quién promete castigar a los
corruptos, quizá deberíamos preguntarnos quién está dispuesto a liderar un
proceso serio de reconstrucción ética y cívica. Pero, combatir la corrupción no
es solo una tarea del próximo gobierno: es un desafío colectivo que exige
coherencia entre lo que se dice, lo que se vota y lo que se hace cada día. Solo
así la corrupción galopante dejará de marcar el rumbo del país.
Pero, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, es que, hay que votar para integrar el Congreso para que haga control. Así que el Ejecutivo puede presentar reformas tributarias, pero es el Congreso el que decide. Igual ocurre cuando presenta el presupuesto nacional, también es el Congreso el que resuelve cómo se reparten esos dineros. Recordemos que todos los temas sociales como salud, educación o seguridad ciudadana pasan por decisiones que se toman en el Congreso.
Civilidad: Atacar la corrupción, es una condición indispensable, aunque no suficiente para reducir la pobreza, liberando recursos públicos desviados para inversión social infraestructura y servicios básicos.