Hoy Colombia
vive una nueva jornada electoral, una de esas fechas en las que la democracia
deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un ejercicio concreto de
ciudadanía. En este escenario, dos instituciones fundamentales del sistema
electoral colombiano vuelven a ponerse a prueba bajo las facultades que les
confiere la Constitución Política de 1991: el Consejo Nacional Electoral (CNE)
y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El
trabajo armónico, coordinado y autónomo entre estas entidades resulta clave no
solo para definir el rumbo político inmediato del país, sino también para medir
el nivel de madurez institucional y las tensiones sociales que atraviesan
nuestra vida democrática. Juntas establecen y publican el calendario electoral,
y son responsables de garantizar que el certamen transcurra bajo las reglas de
juego que fortalecen la confianza ciudadana.
Mientras
el Consejo Nacional Electoral ejerce funciones de vigilancia sobre los partidos
políticos, las campañas y la financiación electoral, velando por el
cumplimiento de la normatividad vigente; la Registraduría asume la compleja
tarea operativa: organizar las elecciones, imprimir las tarjetas electorales,
instalar las mesas de votación y adelantar el conteo de los votos. Dos roles
distintos, pero complementarios, que convergen en un mismo propósito: asegurar
elecciones transparentes y confiables.
Al cierre
de esta jornada, ambas instituciones deberán responderle con franqueza a la
sociedad colombiana. Deberán demostrar que sus servidores públicos, con
vocación de servicio, conocimiento de la ley y compromiso con la transparencia,
ofrecieron una atención oportuna y eficaz a los electores. Que la normatividad
electoral no fue un obstáculo, sino una herramienta para fortalecer la
democracia, garantizar la rendición de cuentas, promover la inclusión y ampliar
la participación política bajo criterios de respeto a las reglas y pluralismo.
En este
proceso, el Estatuto de la Oposición cobra especial relevancia, al ampliar las
garantías para el ejercicio político de quienes no hacen parte del gobierno,
reafirmando que la diferencia no es una amenaza, sino un valor democrático
esencial. La contienda electoral, entendida desde el respeto y la diversidad,
es una vía para construir cotidianamente un Estado Social de Derecho y avanzar
hacia una paz sustentada en la civilidad.
En la
jornada de hoy, los ciudadanos participan en consultas interpartidistas y de
coaliciones para la elección de candidatos presidenciales, y eligen un nuevo
Congreso de la República, órgano bicameral integrado por el Senado y la Cámara
de Representantes, que ejercerá sus funciones durante los próximos cuatro años.
De la composición de este Congreso dependerán, en buena medida, la viabilidad
de las reformas, el control político y el equilibrio de poderes que exige la
democracia.
No está
de más, recordar que el voto no es solo un derecho, sino también un deber
ciudadano. Así lo establece la Ley 403 de 1997, al señalar que la participación
electoral constituye una actitud positiva de apoyo a las instituciones
democráticas y debe ser reconocida, facilitada y estimulada por el Estado. En
fin, votar es, en esencia, un acto de civilidad. Quien ejerce su derecho al
sufragio no solo defiende la democracia, sino que asume su responsabilidad
frente al presente y el futuro del país. En tiempos de desconfianza y
polarización, acudir a las urnas sigue siendo el gesto más claro de compromiso
con la vida institucional y con la posibilidad de una sociedad más justa y
participativa.
Antes de ir a votar, debemos cuestionarnos sobre
las adversidades y la visión que tenemos, analizando propuestas y proyectos de
cada candidato, reflexionando sobre lo que más le conviene al país para
proceder a votar por quien creemos será la mejor opción.
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