Otra vez, lo mismo, pero en este tiempo

 

Cada vez que se aproxima un ciclo electoral en Colombia reaparece, con renovado entusiasmo retórico, una promesa conocida repetidamente: acabar con la corrupción. Vuelve y juega la cantaleta. Casi una centena de precandidatos encaramados al bus de las aspiraciones presidenciales convencidos —o al menos así lo proclaman— de que poseen la fórmula para erradicar uno de los males más persistentes del país. Sin embargo, pasada la contienda, la experiencia nos enseña que esas consignas se disuelven con la misma rapidez con la que fueron pronunciadas. El primer síntoma de esta penosa enfermedad, es que vamos, en cual frágil navecilla entre revueltas olas y, la corrupción está enquistada en todos los niveles y ningún partido puede tirar la primera piedra.

Conviene entonces hacer una pausa de conciencia y pedagógica para mirar el problema con mayor profundidad. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de una administración o de un sector político. Es una realidad compleja, cambiante y profundamente arraigada en la vida cotidiana del país. No se limita a los grandes escándalos que copan titulares; también se expresa en prácticas pequeñas, repetidas y normalizadas, que afectan silenciosamente la confianza social y el funcionamiento del Estado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. La Contraloría General de la Nación ha advertido que la corrupción le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año. Suma que permitiría financiar reformas estructurales largamente aplazadas. No se trata, pues, de una “bicoca”, sino de un drenaje permanente de recursos que pertenecen a todos los colombianos.

Pero reducir el debate a la denuncia de funcionarios corruptos sería incompleto. Como bien lo han señalado distintos analistas, la corrupción no es solo un vicio del  político posando de impoluto con quien se va a transformar esta nación; es un reflejo de prácticas sociales toleradas y, en ocasiones, justificadas. Por ejemplo: el llamado “pago facilitador”, el atajo para agilizar un trámite, la evasión y elusión “menor” de una norma, que terminan conformando un engranaje que encarece los procesos y debilita la ética colectiva.

Colombia es, paradójicamente, un país con abundante legislación anticorrupción, pero con escasa aplicación efectiva. La consigna popular lo resume con crudeza: “norma dictada, trampa inventada”. Sin una ciudadanía comprometida y consciente, las leyes por sí solas resultan insuficientes.

Por eso, cuando se habla de barrer la corrupción “de arriba hacia abajo”, es necesario aclarar que la limpieza también debe empezar por casa. La formación en valores no es un discurso abstracto; es un proceso que inicia en la familia, se refuerza en la escuela y se consolida en la vida laboral, social y comunitaria. La honestidad se aprende, así como también se aprenden las malas prácticas cuando se normalizan.

Saltarse la fila, parquear donde no se debe, pedir que no facturen, sacar la basura fuera de horario o evadir impuestos son ejemplos cotidianos de una corrupción actitudinal que, aunque parezca menor, erosiona la civilidad y la convivencia. En democracias frágiles, estas conductas se multiplican y terminan extendiéndose a redes más grandes de ilegalidad.

De cara al nuevo debate electoral, más que preguntar quién promete castigar a los corruptos, quizá deberíamos preguntarnos quién está dispuesto a liderar un proceso serio de reconstrucción ética y cívica. Pero, combatir la corrupción no es solo una tarea del próximo gobierno: es un desafío colectivo que exige coherencia entre lo que se dice, lo que se vota y lo que se hace cada día. Solo así la corrupción galopante dejará de marcar el rumbo del país.

Pero, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, es que, hay que votar para integrar el Congreso para que haga control. Así que el Ejecutivo puede presentar reformas tributarias, pero es el Congreso el que decide. Igual ocurre cuando presenta el presupuesto nacional, también es el Congreso el que resuelve cómo se reparten esos dineros.  Recordemos que todos los temas sociales como salud, educación o seguridad ciudadana pasan por decisiones que se toman en el Congreso.

Civilidad: Atacar la corrupción, es una condición indispensable, aunque no suficiente para reducir la pobreza, liberando recursos públicos desviados para inversión social infraestructura y servicios básicos.