Esta fecha ocupa un lugar privilegiado en la
memoria nacional. Ese día conmemoramos la Batalla de Boyacá, librada en 1819,
considerada uno de los acontecimientos militares más trascendentales del
proceso de independencia de Colombia y el punto de partida de la consolidación
de la República.
Aunque la Constitución Política vigente no
establece expresamente que el 7 de agosto sea la fecha de posesión
presidencial, esta tradición quedó institucionalizada desde la Constitución de
1886 y ha permanecido inalterada hasta nuestros días. Antes de ello, la
Constitución de la Nueva Granada de 1832 fijaba el 1.º de abril como el día en
que el presidente y el vicepresidente electos debían asumir el ejercicio de sus
funciones. Con las reformas constitucionales posteriores se adoptó
definitivamente el 7 de agosto, vinculando el inicio de cada gobierno con la
fecha más emblemática de nuestra independencia.
Cada cuatro años, el presidente elegido presta
juramento ante el Congreso de la República, siguiendo un protocolo que
simboliza la continuidad institucional del Estado. Durante décadas, la
tradición indicaba que el mandatario saliera del Palacio de San Carlos, antigua
sede presidencial, y caminara hasta el Capitolio Nacional para cumplir el acto
solemne de posesión. Más recientemente, la ceremonia se ha desarrollado en la
Plaza de Bolívar, escenario que concentra buena parte de la historia política
del país y donde convergen el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y el
Palacio Liévano.
Sin embargo, la ley no convierte ese lugar en una
obligación inmodificable. El artículo 192 de la Constitución dispone que el
presidente electo debe posesionarse ante el Congreso de la República, pero no
señala un edificio ni una ciudad específicos para la ceremonia. Si el Congreso
autoriza sesionar en otro lugar, la posesión puede realizarse allí, siempre
dentro del marco constitucional.
Precisamente alrededor del acto de posesión del
presidente Abelardo de la Espriella han surgido opiniones encontradas. Nada más
natural en una democracia.
Como afirma un antiguo proverbio chino: "Cuando
soplan los vientos del cambio, unos construyen muros y otros construyen molinos
de viento." La frase retrata dos maneras de afrontar los cambios
políticos: unos prefieren la confrontación permanente; otros optan por
adaptarse sin renunciar a sus convicciones.
En una democracia, la unanimidad absoluta es
imposible. Colombia arrastra décadas de violencia que han fracturado el tejido
social y profundizado las diferencias entre el campo y la ciudad, así como
entre regiones que, legítimamente, poseen prioridades y necesidades distintas.
El verdadero desafío de una nación plural no
consiste en pensar igual, sino en aprender a convivir respetando las
diferencias. Disentir es un derecho; descalificar al adversario o desconocer
las instituciones, no. La paz no nace de la uniformidad de las ideas, sino de
la capacidad de resolver los desacuerdos mediante el diálogo, la tolerancia y
el respeto por las reglas democráticas.
Colombia, reconocida por la belleza de sus paisajes
y la riqueza de su diversidad cultural, debe demostrar que también es una
nación capaz de fortalecer su cultura democrática. La civilidad comienza por
respetar las instituciones y aceptar el veredicto de las urnas, sin que ello
implique renunciar al derecho de ejercer una oposición seria, responsable y
pacífica.
Elegido legítimamente por la mayoría de los
colombianos, el presidente Dr. Abelardo de la Espriella está llamado a cumplir
las promesas que motivaron el respaldo de sus electores. Quienes no votaron por
él conservan intacto el derecho —y el deber— de vigilar, criticar y
controvertir sus decisiones por los caminos que ofrece el Estado de derecho.
Esa es la esencia de una democracia madura.
Sin embargo, la siguiente frase lapidaria
plasma el por qué no se podrá realizar la posesión en la ciudad: Ayer,
"Popayán, Altar de la Patria"; hoy, entre cenizas.
La alternancia en el poder constituye una de las
mayores fortalezas del sistema democrático. Respetar al presidente
legítimamente elegido no significa compartir todas sus decisiones; significa
reconocer la voluntad popular y preservar las reglas que permitirán una nueva
alternancia. Solo así las diferencias dejarán de ser motivo de confrontación
para convertirse en una oportunidad de construir un mejor país.
Civilidad (según HDG): Las democracias no se
fortalecen cuando todos piensan igual, sino cuando quienes piensan distinto
aceptan convivir bajo las mismas reglas.
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