Angustiado escribo el primer día del mes de la alegría, pero
imposible sustraerme de hacerlo ante los trances impulsivos y disturbios generados
en las jornadas de paro, marchas, manifestaciones, protestas estudiantiles, besotones,
caceroladas, plantones, etc., etc. ¡La realidad
es que las cosas no van bien!
Por eso, alzo mi voz y empuño la pluma con todas mis fuerzas de
luchador democrático para clamar desde esta columna al Señor Presidente Duque para
que escuche la voz del pueblo y, para que, decrete un tratamiento distinto a la
fuerza. Llamo también, la atención a mis leyentes para que construyamos conversaciones
que contribuyan a restablecer el sosiego en la ciudad y el país. Entendiendo que un país democrático como el
nuestro, debe tener una institucionalidad avanzada y fuerte, cuanto más
eficientes sean las leyes que se aplican, y cuanto menos los ciudadanos se
desvíen de ellas.
En la línea de pedir, se reclama
al gobierno nacional para que el presupuesto alcabalero “esculpido en mármol”, se
distribuya en partidas suficientes, apropiándolas a las tantas necesidades y a
la serie de problemas incubados durante varios años. Coincidimos y apoyamos plenamente
la decisión de manifestarse, siempre y cuando, sea pacíficamente, como un ejercicio de verdadera acción cívica para expresar de forma pública la inconformidad. Existe insatisfacción
porque Colombia cada vez retrocede a la época medieval, con su
modelo económico afianzado sobre los pilares de la alcabala y la represión por
las armas. ¡Vaya! decadencia ideológica, atropellar con impuestos a la
ciudadanía.
Pero, Popayán no puede tornarse en campo de batalla, cuando ni siquiera se
han cerrado los caminos de diálogo, y se mantienen las libertades y garantías
para ejercer los derechos de movilización, aunque la resolución del conflicto esté
en la capital de la república. El papel de la desobediencia asumido por los protestantes,
quebranta la libre circulación, mal interpreta la teoría constitucional del artículo
24; vulnera el derecho a vivir en condiciones de paz y tranquilidad (art.86). Además,
destruyen o menoscaban los bienes de propiedad ajena, sea pública o privada,
conllevando a acciones delictivas que no se pueden tolerar.
Si los estudiantes querían llamar la atención del gobierno nacional, ya
lo hicieron permitiendo el uso de capuchas o pasamontañas, siempre ligadas a la
violencia. Me niego a creer que desde nuestra Alma Mater, acreditados docentes
inciten a los universitarios; como tampoco se puede entender que entre los “infiltrados”
estén metidos agentes de la fuerza pública. Repudiamos los hechos vandálicos contra la
amada “Ciudad Blanca” que recibe y atiende maternalmente a los universitarios. Tensos
momentos vivió Popayán, tras el operativo de desalojo de una vía del centro
histórico de la ciudad. Vandálicos, expresión precisa para catalogar a quienes
rompen vidrios, pintan, rayan las paredes y arrojan bombas incendiarias contra
el palacio municipal. Lanzar papas bombas, es un atentado criminal, contra los
hombres del Esmad, que son un recurso extremo establecido constitucionalmente. En
principio, las autoridades no deben acudir a este tipo de mecanismos para
disolver cualquier protesta. Por lo que deben ser ajustados los protocolos del
Esmad para desarticular a los violentos. Pero, claro, hay límites. Si son
atacados, provoca reacciones de ese escuadrón que cumple el deber de ponerle el pecho no solo a las protestas, sino también a
los desórdenes de cualquier índole. Entre tanto, la ciudadanía se conmueve porque
estudiantes y policías son un mismo pueblo, por lo que no deben tratarse entre
sí, como enemigos.
Entonces, es preciso reconstruir el diálogo nacional para construir y no
destruir, con argumentos económicos y sociales confrontados con la realidad
financiera del país. Con cifras y soportes en un análisis crítico para
reexaminar las políticas del gobierno formulando acuerdos. Si bien es cierto,
el paro es masivo y dilatado, constituye un duro revés para el
gobierno, pero no compartimos la idea de los radicales
que piensan que lo termine tumbando. No creo, porque, no hay
sede vacante, lo que existe es sed de vacante y porque las centrales obreras
son históricamente democráticas que buscan interlocución con el gobierno para
negociar soluciones en sostenido dialogo conciliador y proactivo. Además,
porque el civilismo y profesionalismo de las Fuerzas Armadas son pilares sobre
los cuales reposa la democracia en Colombia.
Civilidad: La muerte de cualquier colombiano, estudiante o policía, es un hecho
que asombra a la ciudadanía y oscurece la protesta social.