Decir que
“todo ha subido” no es una exageración retórica ni una simple queja cotidiana.
Es una frase que recoge la percepción generalizada de millones de hogares
colombianos frente al aumento sostenido del costo de vida. Detrás de esa
expresión coloquial se esconde una realidad económica concreta: la inflación y
el impacto que esta tiene sobre el ingreso real de los trabajadores.
En
Colombia, el salario mínimo legal constituye el piso obligatorio que los
empleadores deben pagar a sus trabajadores. Su finalidad es clara: garantizar
una retribución justa que permita cubrir necesidades básicas como alimentación,
vivienda y salud, proteger al trabajador de la explotación y contribuir a una
vida digna. Además, busca asegurar ingresos vitales, mejorar la productividad y
reducir la desigualdad social.
A partir
del 1.º de enero de 2026, el salario mínimo tuvo un incremento del 23,7 %,
fijándose en $1.750.905, suma que, al adicionarse el auxilio de transporte de
$249.095, completa un ingreso mensual de $2.000.000. Se trata de una decisión
gubernamental que ha generado posiciones encontradas. Para algunos, representa
un avance significativo en el poder adquisitivo de los trabajadores y un paso
hacia la reducción de la pobreza; para otros, supone un alto riesgo por sus
posibles efectos inflacionarios, el aumento de la informalidad y el desempleo.
Quienes
defienden este incremento sostienen que no se trata simplemente de una cifra,
sino de una corrección histórica. El argumento es conocido: al aumentar el
ingreso de la clase trabajadora —que tiene una alta propensión al consumo— se
dinamiza la demanda de bienes y servicios básicos, lo que puede impulsar el
comercio interno, al menos en el corto plazo. Desde esta perspectiva, el
consumo actúa como motor de la economía.
Sin
embargo, el contexto estructural del país no puede ignorarse. Según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia
continúa siendo uno de los países más desiguales del grupo. De allí que un
aumento sustancial del salario mínimo busque acercar el ingreso real al costo
efectivo de la canasta familiar y dar cumplimiento al mandato constitucional de
una remuneración “móvil y vital”, orientada a cerrar la brecha social.
La frase
“todo ha subido” cobra aquí pleno sentido. No solo es gramaticalmente correcta,
sino que describe con precisión el aumento generalizado de precios que
experimentan los hogares. Aunque a veces se tacha de hipérbole, expresa una
realidad sentida: múltiples bienes y servicios cuestan más, y esa percepción
social se convierte en un indicador fiable del comportamiento del mercado.
La
explicación económica es sencilla: si las personas disponen de más dinero y la
oferta de bienes y servicios no crece al mismo ritmo, los precios tienden a
subir. El incremento de la demanda, sin una expansión equivalente de la
producción, termina presionando al alza los costos.
Además, el
aumento del salario mínimo impacta directamente otros rubros. Se incrementan
los costos en seguridad social, aportes parafiscales, matrículas educativas,
multas, arriendos, trámites notariales, transporte y servicios indexados. Buena
parte de la canasta familiar, cerca del 60 %, está atada al IPC, lo que hace
que el ajuste salarial se traduzca casi automáticamente en mayores precios para
el consumidor final.
A ello se
suman factores externos e internos: disrupciones en las cadenas de suministro,
conflictos internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, políticas
arancelarias, brotes de enfermedades, condiciones climáticas adversas y, de
manera persistente, la violencia, que encarece la vida, reduce la inversión y
limita el crecimiento económico.
En este
escenario, el debate no debería plantearse en términos absolutos. No se trata
de defender o rechazar el aumento del salario mínimo como una verdad única,
sino de reconocer la complejidad del equilibrio que el país necesita. El
desafío consiste en armonizar el crecimiento empresarial con el bienestar
social, proteger el ingreso de los trabajadores sin asfixiar la capacidad
productiva y evitar que el remedio termine profundizando los mismos problemas
que se busca corregir.
Esa es, en
el fondo, la discusión que se esconde detrás de una frase tan simple y tan
poderosa como: todo ha subido.
Civilidad: No se trata de elegir una teoría de forma
absoluta, sino de equilibrar el crecimiento empresarial con el bienestar
social.
