Otra vez, lo mismo, pero en este tiempo

 

Cada vez que se aproxima un ciclo electoral en Colombia reaparece, con renovado entusiasmo retórico, una promesa conocida repetidamente: acabar con la corrupción. Vuelve y juega la cantaleta. Casi una centena de precandidatos encaramados al bus de las aspiraciones presidenciales convencidos —o al menos así lo proclaman— de que poseen la fórmula para erradicar uno de los males más persistentes del país. Sin embargo, pasada la contienda, la experiencia nos enseña que esas consignas se disuelven con la misma rapidez con la que fueron pronunciadas. El primer síntoma de esta penosa enfermedad, es que vamos, en cual frágil navecilla entre revueltas olas y, la corrupción está enquistada en todos los niveles y ningún partido puede tirar la primera piedra.

Conviene entonces hacer una pausa de conciencia y pedagógica para mirar el problema con mayor profundidad. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de una administración o de un sector político. Es una realidad compleja, cambiante y profundamente arraigada en la vida cotidiana del país. No se limita a los grandes escándalos que copan titulares; también se expresa en prácticas pequeñas, repetidas y normalizadas, que afectan silenciosamente la confianza social y el funcionamiento del Estado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. La Contraloría General de la Nación ha advertido que la corrupción le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año. Suma que permitiría financiar reformas estructurales largamente aplazadas. No se trata, pues, de una “bicoca”, sino de un drenaje permanente de recursos que pertenecen a todos los colombianos.

Pero reducir el debate a la denuncia de funcionarios corruptos sería incompleto. Como bien lo han señalado distintos analistas, la corrupción no es solo un vicio del  político posando de impoluto con quien se va a transformar esta nación; es un reflejo de prácticas sociales toleradas y, en ocasiones, justificadas. Por ejemplo: el llamado “pago facilitador”, el atajo para agilizar un trámite, la evasión y elusión “menor” de una norma, que terminan conformando un engranaje que encarece los procesos y debilita la ética colectiva.

Colombia es, paradójicamente, un país con abundante legislación anticorrupción, pero con escasa aplicación efectiva. La consigna popular lo resume con crudeza: “norma dictada, trampa inventada”. Sin una ciudadanía comprometida y consciente, las leyes por sí solas resultan insuficientes.

Por eso, cuando se habla de barrer la corrupción “de arriba hacia abajo”, es necesario aclarar que la limpieza también debe empezar por casa. La formación en valores no es un discurso abstracto; es un proceso que inicia en la familia, se refuerza en la escuela y se consolida en la vida laboral, social y comunitaria. La honestidad se aprende, así como también se aprenden las malas prácticas cuando se normalizan.

Saltarse la fila, parquear donde no se debe, pedir que no facturen, sacar la basura fuera de horario o evadir impuestos son ejemplos cotidianos de una corrupción actitudinal que, aunque parezca menor, erosiona la civilidad y la convivencia. En democracias frágiles, estas conductas se multiplican y terminan extendiéndose a redes más grandes de ilegalidad.

De cara al nuevo debate electoral, más que preguntar quién promete castigar a los corruptos, quizá deberíamos preguntarnos quién está dispuesto a liderar un proceso serio de reconstrucción ética y cívica. Pero, combatir la corrupción no es solo una tarea del próximo gobierno: es un desafío colectivo que exige coherencia entre lo que se dice, lo que se vota y lo que se hace cada día. Solo así la corrupción galopante dejará de marcar el rumbo del país.

Pero, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, es que, hay que votar para integrar el Congreso para que haga control. Así que el Ejecutivo puede presentar reformas tributarias, pero es el Congreso el que decide. Igual ocurre cuando presenta el presupuesto nacional, también es el Congreso el que resuelve cómo se reparten esos dineros.  Recordemos que todos los temas sociales como salud, educación o seguridad ciudadana pasan por decisiones que se toman en el Congreso.

Civilidad: Atacar la corrupción, es una condición indispensable, aunque no suficiente para reducir la pobreza, liberando recursos públicos desviados para inversión social infraestructura y servicios básicos.

Pisando calles ...y callos

 

Uno levanta la mirada al cielo —no por misticismo sino para esquivar un motorizado— y para agradecer el haber nacido en este terruño de amores y dolores: Popayán, ciudad bella por decreto divino y por terquedad humana. Bella, sí. Disfrutable… bueno, eso depende de la hora, del tráfico y del humor del peatón.

Tuve el privilegio de caminar por sus calles empedradas y de conocer también a su prima moderna: la aplanadora. Esa máquina de carbón que vino a decirnos que el progreso no pide permiso. Cerca del centro histórico, donde lo colonial convive con lo improvisado, se alzaba orgullosa la estación del ferrocarril, inaugurada en 1924 y despedida en 1967. El tren se fue, pero el recuerdo quedó… y también el terreno, esperando a ver qué será cuando sea grande.

Siete cuadras más abajo encontramos la plaza de toros Francisco Villamil Londoño, auténticamente española, con aforo para 6.500 personas y hoy con capacidad ilimitada para el abandono. Lleva años en proceso liquidatorio, demostrando que en Popayán hasta las ruinas saben hacer fila.

No falta quien diga —con tono visionario y ceño fruncido— que ya es hora de que Popayán deje de vivir de su historia y empiece a evolucionar. ¡Tranquilos!: sus plegarias han sido escuchadas. La ciudad cambia todos los días. Donde hubo teja, ahora hay Eternit. Donde hubo silencio, ahora hay anuncios rodantes con parlantes capaces de despertar difuntos (ironías del destino). Enantes era solo el grito de -¡mazamorra! Donde había carteles pegados con engrudo anunciando cine o funerales, hoy tenemos pendones, vallas, y publicidad política móvil que comunica de todo… menos orden.

La modernidad también trajo racimos de niños pidiendo limosna; malabares, limpia parabrisas, desplazados pidiendo ayudas y, motociclistas que consideran las esquinas como propiedad privada. También, vendedores que, junto a habitantes de calle, han decidido que el andén es una sugerencia, no una obligación. Los peatones, por supuesto, hemos evolucionado: ahora caminamos por la calle, que es más emocionante.

La autoridad tampoco se quedó atrás, jóvenes policías, expertos en esquivar el oficio mientras perfeccionan la técnica milenaria de mirar el celular con expresión profunda. Seguridad ciudadana en línea.

Cómo quisiera volver a recorrer las calles de antaño, cuando caminar por Popayán era una clase de historia y no una prueba de obstáculos. Eran tiempos, cuando no existían internet ni celulares, pero sí el tiempo para mirar fachadas y aprender sin Wi-Fi.

Esta ciudad fue pensada como lugar de descanso para viajeros rumbo a la corona española. Prosperó durante más de un siglo gracias a grandes terratenientes y manos esclavas, hasta que el 21 de mayo de 1851 la historia —y la ley— decidió liberar a todos los esclavos. Desde entonces, Popayán vive en una eterna promesa de prosperidad que se evapora con admirable puntualidad, mientras sus habitantes aprendemos el arte de ser esclavos modernos: con título universitario y salario mínimo vital móvil. Aunque en la ciudad, universidades hay por cada esquina, igual que iglesias por cada cuadra y su casco central lleno de historia patria… bueno, eso sigue en oración. Las casas ya no miran a la calle sino hacia adentro, como si a la ciudad le diera un poco de pena. Ya no somos aquel pueblo colonial de caserones con grandes aldabones y, más allá las casitas bajas y pajizas, distribuidas por la concentración de recursos en élites criollas o tradicionales a lo largo del tiempo.  Ahora somos internacionales: pizza, hot dog, sushi y lo que falta…la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) que ya no son solo palabras de moda. El celular nos acercó al mundo, aunque nos alejó del andén.

Civilidad: Popayán ha cambiado. Seguimos pisando sus calles… y, de vez en cuando, callos también.

 

 

 

Ciudad de locos

 

La ciudad despierta cada mañana con la misma pregunta sin respuesta: ¿en qué momento la locura dejó de ser una metáfora y pasó a convertirse en costumbre?

No se trata del municipio de Sibaté ni de su historia hospitalaria. Esta “ciudad de los locos” es otra: una urbe de riqueza histórica, pasión antigua y habitantes resilientes, a la que alguien, en un arrebato de ingenio mal entendido, decidió resignificarle el apodo hasta convertirlo en estigma. Con el paso de los siglos, la locura dejó de ser un relato pintoresco para convertirse en identidad negativa, casi en destino colectivo.

La historia ofrece señales tempranas. A un visionario de otra época se le ocurrió dinamitar la hermosa estación del ferrocarril —símbolo de progreso y memoria— para darle paso a las chivas, camiones escalera adaptados artesanalmente al transporte rural, hoy convertidos en emblema cultural, pero nacidos de una decisión irreversible. A otro monumento de la ciudad le taparon la boca, como si el silencio impuesto pudiera domesticar la palabra de un arzobispo de intelecto excepcional, carácter magnético y audacia suficiente para incomodar a su tiempo.

Desde entonces, las campanas dejaron de tañer. Algunos explican su ausencia como una pausa pastoral: callar para actuar con mayor sabiduría, dejar que los hechos hablen. Pero el reloj detenido cuenta otra historia. Un tiempo comunitario suspendido, una ciudad que se queda mirando el pasado mientras el presente se atasca. Cuando el reloj se para, no solo se detienen las horas: se estanca la energía, la tradición se descuida y la evolución se vuelve imposible.

En este manicomio urbano, la plaga más visible no es el olvido, sino el volante. Los locos al volante gobiernan las calles: insultos, broncas, gestos obscenos. Incluso los más serenos mutan en conductores belicosos. El aumento del parque automotor ha convertido el desplazamiento diario en una prueba de resistencia, donde más vehículos significan más confrontaciones y menos paciencia.

Las calles extenuadas son testigos del caos: exceso de velocidad, cambios bruscos de carril, semáforos ignorados, cebras invisibles, distancias de seguridad inexistentes. Los insultos brotan con la misma facilidad que la ira, y no son pocos los casos en que una discusión de tráfico termina en machete o puñal. La violencia, como la locura, encuentra en la vía pública su escenario cotidiano; no falta el fleteo como modalidad de hurto.

La insatisfacción se cuela por cada esquina. Un conductor habla por celular mientras conduce; otro acelera con sus hijos a bordo, confundiendo la necesidad económica con una temeridad criminal. La adrenalina gobierna, el sentido común abdica.

Y como si no bastara, el ruido. Escapes de motos que rugen como declaración de inmadurez, frenos de motor que revientan el silencio del centro histórico, pitos que desatan furias ajenas. El ruido se convierte en lenguaje, y el lenguaje, en agresión.

Al final, todos somos parte del tráfico. Sin excepción. Peatones, motociclistas, conductores, pasajeros. Pero la civilidad parece haberse extraviado entre bocinas y semáforos en rojo. Respetar las normas no es un acto de cortesía: es una urgencia colectiva.

Civilidad: Tal vez la locura de esta ciudad no esté en sus apodos ni en su historia, sino en la incapacidad de convivir. Y mientras no recuperemos el respeto por el otro, el reloj seguirá detenido y la ciudad, atrapada en su propio delirio.

 

 

 

 

El viacrucis de los medicamentos (estación Popayán)

 

Esto que voy a contar no es cuento de camino ni exageración de cafetería. Es verdad de a puño… y, de esos puños que les caen a diario a los afiliados de la Nueva EPS en Popayán. Aquí no hablamos de fe ni de milagros, sino del viacrucis de los medicamentos, ese peregrinaje moderno donde uno carga la cruz, hace fila y al final… no hay resurrección.

Antes, malo que bien, el viejo Seguro Social funcionaba. No era perfecto, pero uno salía con la droga completa y sin sentir que estaba pidiendo limosna. Luego llegó la Ley 100, la modernidad, la eficiencia y todo ese discurso bonito. Nació la Nueva EPS, heredera del ISS, y con ella los dispensarios. Con DISFARMA, por lo menos, algo se resolvía. Pero de repente, como pasa en este país, el contrato cambió de manos y cayó en MENAR. ¿Por qué? Misterios insondables. ¡Averígualo, Vargas!

Ahí comenzó la romería. Porque aquí la salud no espera, pero el sistema sí… y bastante. En Popayán, ir por medicamentos es una prueba de resistencia física, mental y espiritual. Desde las cuatro o cinco de la mañana ya hay fila, termo en mano, ruana si acaso y la esperanza intacta. Seis horas después le dan a uno un numerito, como si fuera rifa de feria. Y cuando por fin llega al mostrador, le dicen: de siete medicamentos, solo hay uno. Los otros cinco están “pendientes” —palabra elegante para decir no hay— y el sexto necesita un “código”.

¡Ah, el famoso código! Entonces lo mandan a otra sede, lejos, muy lejos, como si Popayán fuera Nueva York. Otra fila, otro turno y la misma respuesta: “el código le llega por correo en cinco días”. Cinco días que, para un paciente cardíaco o diabético, suenan a eternidad. Así, la incertidumbre se vuelve parte del tratamiento.

Aquí no hay dolientes. Lo que hay es importaculismo puro: no importa el usuario, no importa el riesgo, no importa nada. Y también hay sacaculismo, porque el paciente sale con las manos vacías, el recibo de pendientes y la paciencia hecha trizas. Nadie se conmueve. Nadie responde.

Esta crisis no es para un debate técnico ni una pelea ideológica. Aquí los perjudicados son los de siempre: trabajadores, pensionados, gente de a pie, familias enteras que madrugan, se mojan, pasan frío, hambre y hasta se desmayan en la puerta del dispensario. Todo por un medicamento que ya fue ordenado por un médico.

Civilidad: El periodismo no puede mirar para otro lado ni escribir con tibieza mientras recibe pauta. Porque en este viacrucis, Popayán ya va por demasiadas estaciones… y la salud, definitivamente, no debería ser una penitencia

Todo ha subido...

 

Decir que “todo ha subido” no es una exageración retórica ni una simple queja cotidiana. Es una frase que recoge la percepción generalizada de millones de hogares colombianos frente al aumento sostenido del costo de vida. Detrás de esa expresión coloquial se esconde una realidad económica concreta: la inflación y el impacto que esta tiene sobre el ingreso real de los trabajadores.

En Colombia, el salario mínimo legal constituye el piso obligatorio que los empleadores deben pagar a sus trabajadores. Su finalidad es clara: garantizar una retribución justa que permita cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, proteger al trabajador de la explotación y contribuir a una vida digna. Además, busca asegurar ingresos vitales, mejorar la productividad y reducir la desigualdad social.

A partir del 1.º de enero de 2026, el salario mínimo tuvo un incremento del 23,7 %, fijándose en $1.750.905, suma que, al adicionarse el auxilio de transporte de $249.095, completa un ingreso mensual de $2.000.000. Se trata de una decisión gubernamental que ha generado posiciones encontradas. Para algunos, representa un avance significativo en el poder adquisitivo de los trabajadores y un paso hacia la reducción de la pobreza; para otros, supone un alto riesgo por sus posibles efectos inflacionarios, el aumento de la informalidad y el desempleo.

Quienes defienden este incremento sostienen que no se trata simplemente de una cifra, sino de una corrección histórica. El argumento es conocido: al aumentar el ingreso de la clase trabajadora —que tiene una alta propensión al consumo— se dinamiza la demanda de bienes y servicios básicos, lo que puede impulsar el comercio interno, al menos en el corto plazo. Desde esta perspectiva, el consumo actúa como motor de la economía.

Sin embargo, el contexto estructural del país no puede ignorarse. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales del grupo. De allí que un aumento sustancial del salario mínimo busque acercar el ingreso real al costo efectivo de la canasta familiar y dar cumplimiento al mandato constitucional de una remuneración “móvil y vital”, orientada a cerrar la brecha social.

La frase “todo ha subido” cobra aquí pleno sentido. No solo es gramaticalmente correcta, sino que describe con precisión el aumento generalizado de precios que experimentan los hogares. Aunque a veces se tacha de hipérbole, expresa una realidad sentida: múltiples bienes y servicios cuestan más, y esa percepción social se convierte en un indicador fiable del comportamiento del mercado.

La explicación económica es sencilla: si las personas disponen de más dinero y la oferta de bienes y servicios no crece al mismo ritmo, los precios tienden a subir. El incremento de la demanda, sin una expansión equivalente de la producción, termina presionando al alza los costos.

Además, el aumento del salario mínimo impacta directamente otros rubros. Se incrementan los costos en seguridad social, aportes parafiscales, matrículas educativas, multas, arriendos, trámites notariales, transporte y servicios indexados. Buena parte de la canasta familiar, cerca del 60 %, está atada al IPC, lo que hace que el ajuste salarial se traduzca casi automáticamente en mayores precios para el consumidor final.

A ello se suman factores externos e internos: disrupciones en las cadenas de suministro, conflictos internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, políticas arancelarias, brotes de enfermedades, condiciones climáticas adversas y, de manera persistente, la violencia, que encarece la vida, reduce la inversión y limita el crecimiento económico.

En este escenario, el debate no debería plantearse en términos absolutos. No se trata de defender o rechazar el aumento del salario mínimo como una verdad única, sino de reconocer la complejidad del equilibrio que el país necesita. El desafío consiste en armonizar el crecimiento empresarial con el bienestar social, proteger el ingreso de los trabajadores sin asfixiar la capacidad productiva y evitar que el remedio termine profundizando los mismos problemas que se busca corregir.

Esa es, en el fondo, la discusión que se esconde detrás de una frase tan simple y tan poderosa como: todo ha subido.

Civilidad: No se trata de elegir una teoría de forma absoluta, sino de equilibrar el crecimiento empresarial con el bienestar social.